martes, 5 de noviembre de 2024

Frenar la obra pública es un crimen social.


Uno de los éxitos imaginarios que más le gusta festejar a Milei es el supuesto "equilibrio fiscal" alcanzado. Ese "equilibrio" se logró sobre la base de un desastre social: recorte de las jubilaciones, menor inversión en salud y educación, rebaja de impuestos a los millonarios, recorte de fondos a provincias para jubilados, docentes, transporte, seguridad y total suspensión de la obra pública. Es decir, equilibrio fiscal a costa de más desequilibrio social, más desigualdad, más dolor. La suspensión de la obra pública implica lisa y llanamente la deserción por parte del Estado nacional de sus obligaciones en materia de desarrollo, vivienda, transporte, seguridad, derecho a la dignidad, a la salud y a la educación. Por capricho ideológico, Milei frenó 1.000 obras públicas en nuestra Provincia, muchas con alto grado de avance. En un país con tanta desigualdad y déficits estructurales, la obra pública es una herramienta de desarrollo indispensable. Es por eso que nuestro Gobierno venía desplegando un ambicioso plan de obra pública en la primera gestión. De ninguna manera vamos a interrumpir ese plan, pero dado el ahogo financiero al que nos somete Milei y el desquicio económico que causan sus políticas, resulta cada vez más difícil mantener los planes que teníamos previstos. Las políticas neoliberales no sólo no son una palanca de desarrollo, son su principal obstáculo. Frente al abandono total de un Gobierno nacional que se borró, nosotros actuamos como un escudo y como una red para atenuar el daño social que produce Milei. Sin embargo, por más esfuerzos que hagamos no alcanza. No somos una isla ni queremos serlo. Desde el primer día le estamos reclamando a Milei, junto con los intendentes y dirigentes, que se reactiven las obras. También venimos alertando sobre el carácter ilegal y sobre las consecuencias de esta insólita decisión.
 Exigimos incluso que este punto sea incluido en aquel supuesto Pacto de Mayo del que ya nadie se acuerda y que, por supuesto, no firmamos. Pero los reclamos no tuvieron éxito: Milei se obstina en fundir a las provincias -tal como prometió- y lastimar al pueblo. Es evidente que no le gusta la obra pública y que no le gusta nada que tenga que ver con construir y con dar trabajo. El problema es que en un país con tantas deudas sociales, detener las obras no es una buena e ingeniosa idea para generar superávit, es directamente un crimen social. 

Al fanatismo ideológico de Milei, se le suma una especial sed de venganza contra nuestra provincia que, al igual que aquellas que levantan la voz en contra de este modelo de exclusión y abandono, sufre el castigo con más dureza. Tal vez piensa Milei que si castiga al pueblo de la Provincia por haberlo derrotado (perdió en PASO, primera vuelta y ballotage), consiga el voto como pedido de clemencia. No conoce al pueblo bonaerense. Nuestra oposición me pide que insista y me parece bien que se pliegue al reclamo. A lo largo de esta semana estaré invitando a los intendentes de todas las fuerzas políticas a firmar con nosotros un reclamo conjunto al gobierno de Milei. Las rutas nacionales sin inversión se deterioran y se vuelven más peligrosas. Las obras abandonadas se vandalizan e intrusan. No son un renglón de una planilla, son obras que mejoran la integración, obras que educan, curan y que generan empleos. El país sin obras pierde derechos y oportunidades, pierde futuro.

lunes, 9 de septiembre de 2024

En defensa de la Universidad Pública


 La educación universitaria es un derecho humano fundamental, el recorte presupuestario la sumerge en una crisis de urgente y necesaria solución.En este contexto la Ley de Financiamiento Universitario promete asegurar fondos suficientes y continuidad para nuestras universidades públicas.


“Desde diciembre de 2023 hasta hoy, los docentes y no docentes de las universidades públicas han perdido más del 50% de su poder adquisitivo.”

La educación universitaria es un derecho humano fundamental, pilar estructural del desarrollo de nuestra Patria. Sin embargo, el recorte presupuestario que sufre la Universidad argentina, la sumerge en una crisis de urgente y necesaria solución. En este contexto la Ley de Financiamiento Universitario promete asegurar fondos suficientes y continuidad para nuestras universidades públicas.

Desde diciembre de 2023 hasta hoy, los docentes y nodocentes de las universidades públicas han perdido más del 50% de su poder adquisitivo producto de la decisión del Gobierno Nacional de desfinanciar al sistema universitario y romper el espacio de negociación paritaria. Así estamos viviendo la peor crisis en materia salarial en los últimos 40 años. Reclamar salarios dignos, es exigir educación de calidad.

Las Becas Progresar son una herramienta fundamental para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso en la educación. Sin embargo, su monto fue congelado a $20.000 desde julio de 2023 en un contexto donde aumentaron los alquileres, el transporte, los servicios, los apuntes, y los precios en general. La decisión arbitraria de ajustar sobre las becas estudiantiles excluye y expulsa. Necesitamos actualización de los montos, y apertura a convocatoria urgente. 

La ley de Financiamiento Universitario es indispensable, ya que: 

- Garantiza la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio. 

- Prevé la actualización de gastos de funcionamiento de manera bimestral por el índice de precios al consumidor (IPC). 

- Establece la recomposición salarial de docentes y nodocentes acorde a la inflación, para recuperar la pérdida del poder adquisitivo que han tenido durante este año. 

- Actualiza los montos de las becas estudiantiles. 


Fuente: Change.org