En Argentina, el movimiento antivacunas volvió a ocupar la agenda pública tras un polémico evento convocado en el Congreso, generando repudio de la comunidad científica y preocupación por el impacto en la salud colectiva.
Contexto
En las últimas semanas, Argentina se vio sacudida por la convocatoria de una jornada antivacunas en la Cámara de Diputados, organizada por la legisladora del PRO, Marilú Quiróz. El encuentro, titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?”, despertó un inmediato rechazo de sociedades científicas, organismos profesionales y autoridades sanitarias.
Reacciones
- Comunidad científica: calificó la iniciativa como un “enorme peligro” y pidió su suspensión, advirtiendo que este tipo de discursos confunden a la población y ponen en riesgo la efectividad de las políticas públicas de vacunación.
- Organismos sanitarios: señalaron que la jornada avala posturas negacionistas y debilita la confianza en los programas oficiales de inmunización.
- Sociedad civil: en redes sociales y medios, se multiplicaron las críticas, destacando que la difusión de mensajes antivacunas ocurre en un momento crítico para la salud pública.
Riesgos actuales
Los especialistas alertan que las tasas de vacunación muestran descensos marcados y ya se registró la reaparición de enfermedades controladas como sarampión, tos convulsa y hepatitis A. Esto evidencia que la desinformación no solo afecta la percepción ciudadana, sino que tiene consecuencias directas en la epidemiología del país.
Debate político y social
La polémica también expone la tensión entre sectores políticos que cuestionan la intervención estatal en salud y quienes defienden la vacunación como política pública esencial. El caso argentino refleja una tendencia global: el avance de discursos negacionistas que se apoyan en la desconfianza hacia instituciones y en la viralidad de las redes sociales.
Conclusión
La jornada antivacunas en el Congreso argentino no fue un hecho aislado, sino un síntoma de un problema mayor: la fragilidad de la confianza social en la ciencia y la salud pública. Frente a este escenario, la comunidad científica insiste en reforzar campañas de información clara, accesible y basada en evidencia, para contrarrestar la desinformación y proteger a la población.
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