En un nuevo golpe para el Ejecutivo, la Cámara de Diputados rechazó este miércoles 20 de agosto el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. La decisión, que contó con un amplio respaldo opositor, restituye una norma clave para garantizar derechos esenciales a personas con discapacidad, en un contexto de crisis económica y desfinanciamiento de programas fundamentales.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada originalmente por el Congreso el 10 de julio de 2025, establece medidas urgentes como la actualización automática de aranceles según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una compensación de emergencia para prestadores y el refuerzo de las pensiones no contributivas por invalidez. Además, incrementa el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para evitar el colapso de instituciones que brindan servicios esenciales, como centros educativos y terapéuticos.
El veto, dispuesto por el presidente Javier Milei a través del Decreto 534/2025, fue justificado por el Gobierno con argumentos fiscales, señalando un supuesto impacto presupuestario de entre 7 y 17 billones de pesos para 2025 y 2026. Sin embargo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ya había declarado inconstitucional el veto el pasado 18 de agosto en un fallo que, aunque limitado a un caso particular, marcó un precedente significativo al priorizar los derechos humanos sobre las restricciones económicas.
La sesión en Diputados, que comenzó este miércoles al mediodía, estuvo acompañada por una fuerte movilización en Plaza de Mayo y en plazas de todo el país. Familias, organizaciones sociales y prestadores del sector de discapacidad se concentraron desde la noche del martes en una vigilia con velas, exigiendo a los legisladores que rechazaran el veto. La actriz Valentina Bassi, madre de un niño con discapacidad, participó activamente en la convocatoria, destacando la urgencia de proteger los derechos del colectivo.
“El derecho de los niños con discapacidad prevalece ante cualquier cuestión presupuestaria”, afirmó el juez González Charvay en su fallo, un argumento que resonó en el debate legislativo. El diputado Daniel Arroyo, autor de la ley, celebró la decisión de la Cámara baja y subrayó que “el Estado no puede abandonar a las personas con discapacidad. Esta ley busca ordenar un sistema colapsado, con un impacto fiscal mínimo del 0,003% del PBI”.
El rechazo al veto en Diputados ahora pasa al Senado, donde se necesitarán dos tercios de los votos para ratificar la decisión y promulgar definitivamente la ley. La oposición, que cuenta con un amplio margen en la Cámara alta, confía en lograrlo, lo que representaría un nuevo límite a la discrecionalidad del Ejecutivo.
Organizaciones como el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) convocaron a mantener la presión en las calles. “No es austeridad, es abandono”, fue una de las consignas que resonaron durante las protestas, reflejando el rechazo al argumento fiscal del Gobierno.
El fallo judicial y la decisión de Diputados abren un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y los poderes Legislativo y Judicial, mientras el colectivo de discapacidad y sus familias esperan la plena implementación de una ley que consideran vital para su subsistencia.
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