"El juicio no está suspendido, así que no me puedo expresar sobre algo que no ha sucedido". Con esa frase, el presidente del Tribunal Oral Federal N°2, Jorge Gorini, se refirió a las consecuencias de la resolución adoptada por la Corte Suprema en el caso que tiene a Cristina Elisabet Kirchner como principal acusada de cometer delitos de corrupción vinculados a la concesión de obra pública en Santa Cruz.
En diálogo con Luis Novaresio, en radio La Red, Gorini adelantó que durante esta mañana cumplirán con el trámite solicitado por el máximo tribunal, algo que se efectivizó pasadas 9.30, y aclaró: "El juicio tiene fecha de inicio para el martes 21 de mayo y hasta el momento no hay cambios; se mantiene".
Según supo Infobae de fuentes judiciales, no habrá modificaciones en el cronograma previsto. Es que la Corte Suprema de Justicia se aprestaría a aclarar los alcances de. la resolución que emitió el martes pasado -solicitó que le envíen el expediente principal para que se resuelvan 9 recursos pendientes- y que generó una fuerte repercusión.
Si bien los detalles del pronunciamiento aún se están discutiendo, la mayoría de los ministros del máximo tribunal entienden que no hay impedimentos para que el caso que investiga irregularidades en la concesión de la obra pública en Santa Cruz comience dentro de los próximos días, tal como estaba previsto.
Hasta el momento, el inicio de las audiencias no fue suspendido y en principio no habría motivos para avanzar con una decisión en ese sentido .
Durante las últimas horas, la Secretaría Penal del máximo tribunal tomó intervención en el caso y mantuvo contactos con integrantes del TOF 2 para garantizar los derechos de las partes involucradas y a su vez ofrecer condiciones de debido proceso y agilidad de la justicia. De acuerdo con lo que explicó el magistrado, el expediente tiene más de 50 cuerpos, 13 imputados, cuenta con más de 150 testigos, y se cuestionan 52 obras públicas adjudicadas a Austral Construcciones.
La resolución de la Corte había generado un fuerte impacto político. Es que en un principio se creyó que la decisión aplazaría el inicio del primer juicio contra la ex Presidente para después de la campaña electoral. Sin embargo, lo que el máximo tribunal pretende es resolver los recursos pendientes y evitar que surjan nulidades que impidan el normal desarrollo del debate.
Según detallaron, "lectura de dichos legajos no surgieron elementos suficientes para poder resolver los planteos de las partes" y que la "medida es habitual en la Corte y ha sido adoptada en numerosas oportunidades", en tanto, agregaron: "La decisión no tiene firma alguna de los ministros ni disidencias, y se concreta con la sola firma del secretario, tal como es de estilo y como fuera oportunamente publicado en el Centro de Información Judicial".
"Que la Corte tome una decisión así, a una semana, es una decisión extraña por lo menos", insinuó el ministro de Justicia. Luego subrayó que es una particularidad del sistema judicial argentino que las revisiones de las cámaras o la Corte se produzcan antes del juicio. "Eso es peculiar en nuestro sistema y ha servido por años para generar impunidad", aseguró.
"Evidentemente la política influye demasiado en la Justicia. Habría que traer a colación el discurso de [el presidente de la Corte, Carlos]Rosenkrantz en la apertura del año judicial, que hizo autocrítica al respecto. Hoy pareciera que muchas cosas pueden estar influidas por las cuestiones políticas, como ha pasado en la Argentina durante los últimos 20 años", dijo Garavano.
La OA pide que no se frene el juicio
Por otro lado, la Oficina Anticorrupción (OA) envió esta mañana un documento a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que debe hacer el juicio, para que se adopten los medios para iniciar el proceso de todas maneras. "Esta querella acude a solicitar que se adopten los recaudos necesarios para que la remisión al máximo tribunal no comprometa el inicio del debate oral y público, tantas veces postergado, previsto para la semana entrante", pidió.
"Una nueva postergación del inicio del juicio de un gravísimo caso de corrupción administrativa como el que aquí se ventila rayaría con un injustificado incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino", agregó la OA.
La titular del organismo, Laura Alonso , consideró que el fallo de la Corte "es escandaloso e inédito" y que "busca claramente dilatar el inicio del juicio".
"Es una decisión a favor de la impunidad de Cristina Kirchner, [Julio] De Vido, [José] López, [Lázaro] Báez y otros", dijo a la agencia Télam. "Es una vergüenza republicana", agregó.
"Hay una clara mayoría politizada en la Corte y es lamentable. Estos años se hicieron muchas cosas para ayudar a la Justicia a mejorar su imagen y estas son las decisiones que la vuelven a hundir en el pantano de las sospechas", lanzó.
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